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Comunidades y organizaciones del vallde de Huasco han visto a Soto “negociar con el caso de la termoeléctrica los Robles y Farellones, intentó realizar transacciones económicas que pusieron en riesgo la acción judicial de la comunidad de Totoral en el caso contra la termoeléctrica Castilla y quiso operar a favor de Agrosuper en Freirina”.
Comunidades indígenas, organismos religiosos y vecinos del Valle de Huasco rechazaron las acciones del abogado Lorenzo Soto que encabeza una peculiar negociación entre la multinacional canadiense Barrick Gold y un reducido grupo de personas para reactivar la imposición de la gigantésca mina Pascua Lama en la frontera norte de Chile y Argentina.
“Repudiamos el rol de abogados como Lorenzo Soto, que se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento y vulnerabilidad de nuestros territorios”, dice una declaración firmada por una serie de comunidades locales.
Las acciones de Soto ocurren cuando existe un incesante lobby de la multinacional Barrick Gold en Chile y Argentina para hacer avanzar el proyecto. En estas millonarias acciones se ha visto incluso al ex presidente español Jose María Aznar en reuniones con autoridades chilenas para destrabar el proyecto.
Las comunidades agregan que han visto a Soto “negociar con el caso de la termoeléctrica los Robles y Farellones, intentó realizar transacciones económicas que pusieron en riesgo la acción judicial de la comunidad de Totoral en el caso contra la termoeléctrica Castilla y quiso operar a favor de Agrosuper en Freirina”.
Soto -dice la declaración-, “piensa que las comunidades tenemos derecho a ponerle precio a los bienes comunes, y de paso darle un buen porcentaje por sus oficios”.
Las comunidades hace unas semanas ya habían repudiado el accionar de abogados como Lorenzo Soto, y señalaron que este jurista “ha intervenido en diversos conflictos promoviendo la negociación y convenciendo a sus ‘representados’ de que la única manera de tener éxito en las luchas socioambientales es ‘sacándole plata a la empresa’”.
“Con esta actitud tendencia la renuncia de las personas a sus derechos fundamentales, cuestión que nos parece inescrupulosa y poco ética. Las comunidades, si nos mantenemos firmes y unidas podemos encontrar creativamente otras salidas que salvaguarden la vida, la dignidad, el agua y el futuro para nuestros hijos”, afirmaron las organizaciones y comunidades.
Soto también estuvo involucrado en la fallida negociación que impulso entre un grupo de pescadores y la compañía brasileña MPX que intentaba imponer la central termoelectrica Castilla en la costa de Copiapó. En esa ocasión los abogados Lorenzo Soto (llevado a la zona por el senador Girardi), Cristián Tapia e Ignacio Poblete (asesores de CONAPACH), que se suponía representaban a la comunidad, promovieron la firma un contrato que obligaba a renunciar al recurso de protección y a no oponerse a las acciones de la empresa por 20 años, ni ellos ni sus familias.
Estos abogados presionaron para que exista una singular e inédita conciliación entre un pequeño sector de pescadores y la termoeléctrica, sin embargo en la Corte Suprema no se logro unanimidad por la oposición de la comunidad de Totoral y fracasó el millonario negocio de los abogados.
En esa ocasión la alcaldesa de Caldera Brunilda Gonzalez afirmo que “el abogado Lorenzo Soto representa a un sindicato y me imagino que éste le mandató para negociar la central termoeléctrica y el puerto Castilla. Es grave si la dirigencia de los sindicatos no están consultando a las bases, y más grave aún es cuando los abogados no le consultan a sus representados”.
“El abogado Lorenzo Soto plantea medidas de mitigación ambiental con estándares altísimos para el proyecto central Castilla, que no creo se puedan cumplir. No sé si fue un ‘bluff’ del abogado”, afirmó la jefa comunal.
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