Semillas de Agua desde los estudios de la resistencia
Nuevamente la bahía de Quintero es el escenario de fondo de una crisis ambiental de grandes proporciones, el derrame de crudo ocurrido hace dos semanas abre una ventana a la nefasta historia de una zona sacrificada en nombre del desarrollo.
Según estimaciones de ENAP, más de 22 mil litros de petróleo crudo fueron derramados en la bahía de Quintero el pasado 24 de Septiembre por el buque LR Mimosa, de bandera de las Islas Marshall pero operado por Ultramar[i], mientras descargaba su combustible en el terminal marítimo de ENAP. Un desastre de enormes proporciones que se extendió según SERNAPESCA por 23 kilómetros, llegando incluso a las costas del balneario de Papudo. Las consecuencias ambientales y por añadidura productivas de un evento de estas características pueden prolongarse por décadas, imponiendo una carga tóxica de varias generaciones a una comunidad ya azotada por cincuenta años de contaminación.
La bahía de Quintero es compartida administrativamente entre las comunas de Quintero y Puchuncaví (específicamente la localidad de Ventanas). En la zona se emplaza uno de los complejos industriales más grandes del país que incluye actividades altamente peligrosas. El reciente derrame de crudo en cualquier otro lugar del país probablemente se habría convertido en un escándalo que reventara la indignación nacional, sin embargo, al tratarse de una zona que por ya cinco décadas ha estado sometida a un deterioro ambiental constante y una creciente acumulación de riesgos, se asume el evento como un accidente normal.
Las comunidades que habitan la zona se encuentran expuestas a cargas que afectan directamente su calidad de vida en proporciones mayores a las que gran parte de la población chilena está expuesta. Sin embargo, no existen mayores esfuerzos por compensarlas mediante infraestructuras de servicios de alta calidad o remediación ambiental efectiva. Este elemento es también parte de la normalidad de esta clase de fenómenos en Chile, Oceana y Terram han insistido fuertemente en el concepto de Zona de Sacrificio para describir lo que ocurre en localidades como Ventanas, en la Bahía de Quintero, a lo largo de Chile y visibilizar las múltiples aristas de un problema que ya no se soluciona mediantes planes de contingencia. Junto a la labor de estas ONGs, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Observatorio José Domingo Cañas han hecho presente que la crisis ambiental que se arrastra en la bahía de Quintero es también una crisis de derechos humanos.
Hace cincuenta años, en 1964, se inauguró la fundición Ventanas, el mismo año la central termoeléctrica Ventanas I y dos años más tarde la refinería electrolítica adyacente a la fundición. Pero la historia no empieza ahí, una década antes con el proceso de “nuevo trato” se buscó asegurar el financiamiento para avanzar en un proceso de industrialización del cobre en el sector público que había dado su primer gran paso con la fundición Paipote en 1952. Los estudios técnicos favorecían la opción de Papudo para la instalación de la una fundición y refinería, sin embargo, tras un arduo cabildeo por parte de representantes políticos y organizaciones locales, Ventanas fue seleccionada como locación definitiva. Esta decisión contó con detractores importantes entre los agricultores de la zona que veían amenazadas sus actividades con la llegada de esta industria pesada.
Las negociaciones para asegurar el financiamiento de la fundición y refinería mediante créditos adquiridos en Estados Unidos falló, lo cual derivó en una cadena de decisiones que marcarían profundamente el destino de la bahía de Quintero. El proyecto original debió ser subdividido en varias partes, dejando para el final las medidas de mitigación, principalmente una planta de ácido sulfúrico para abatir el dióxido de azufre y una planta de abono sintético. Debieron pasar más de 26 años de exposición directa a los humos de la fundición y la lluvia ácida, desde la inauguración de la fundición Ventanas, para que finalmente en 1990 se inaugurara la primera planta de ácido sulfúrico.
Las justificaciones para semejante demora son variadas. En 1969, luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero confirmara la destrucción de cultivos por lluvia ácida en Puchuncaví, se formó una mesa de trabajo entre ENAMI, el SAG y la municipalidad de Puchuncaví, acordándose la compra de una planta de ácido. Tal adquisición se enmarcaría en los acuerdos de cooperación técnica que el gobierno de Frei Montalva estaba realizando con estados satélites del bloque soviético. El cambio de gobierno trajo cambios de prioridades y afinidades diplomáticas, la cercanía de la Unidad Popular con Rusia enfrió las relaciones de cooperación entre Chile y países como Rumania y Bulgaria. Adicionalmente, las prioridades de inversión pasaron desde los mecanismos de mitigación ambiental a las mejoras en las condiciones laborales.
La dictadura retomó por un breve período los planes de inversión de ENAMI, sin embargo, esto fue interrumpido por las exigencias de ODEPLAN de que todas las empresas públicas debían ser capaces de sostenerse y expandirse sobre la base de sus propias ganancias. La fundición invirtió en una nueva chimenea en 1975 y posteriormente en un convertidor Teniente en 1983, pero ninguna medida supuso una solución de largo plazo a las emisiones de gases contaminantes. La ambición de ODEPLAN estaba en que los humos se licitaran a privados, puesto que en su sobre-ideologización, veían la adquisición de infraestructura como una indeseable expansión del sector público. Al mismo tiempo, el discurso público de la dictadura negaba la existencia de contaminación, mientras que en privado, personajes como el General Matthei, expresaban gran preocupación por la desastrosa situación de la zona que se hacía evidente mediante sobrevuelos.
El gobierno de Aylwin inició un proceso de evaluación y modernización de las instalaciones de la fundición Ventanas, acciones necesarias para insertar los productos de la minería chilena en el mundo frente a las acusaciones de competencia desleal que otros países con regulaciones ambientales más estrictas lanzaban contra Chile. De ese modo nació el Proyecto Ambiental Ventanas, un plan de descontaminación y la declaración del área como zona saturada. Estas medidas ayudaron a mejorar la eficiencia, logrando procesos menos contaminantes, y al mismo tiempo se incrementó la producción total de cobre.
En plena vigencia del plan de descontaminación y la declaración de zona saturada, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle impulsó modificaciones al plan regulador en la bahía de Quintero para fomentar la expansión del parque industrial. Es en este punto que se inicia un nuevo salto en la acumulación de riesgos para la población de la zona, con la instalación de nuevas industrias pesadas y contaminantes. Ese proceso de expansión tuvo su primera gran derrota con el rechazo de la planta de residuos industriales Rivox en 2005, en buena medida gracias a una oposición activa de la comunidad organizada. A partir de ese momento cada nuevo proyecto ha enfrentado una fuerte resistencia, como fue el caso de las centrales Nueva Ventanas y Campiche, mientras otros como Energía Minera permanecen pendientes en carpeta.
En 2011, con los episodios de intoxicación de niños en la escuela de La Greda, nuevamente volvió a posarse la atención sobre las condiciones de vida en la Bahía de Quintero. Ese episodio ha sido uno de los más notables, sin embargo, es cotidiano para los habitantes de la zona enfrentarse a derrames químicos, contaminación por ruido y otras molestas interferencias. Lo acontecido en La Greda motivó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y un estudio de gran envergadura encargado por el Ministerio del Medio Ambiente a prestigiosas universidades, este último en la sección de impacto sobre la salud de las personas fue rechazado por lo que carece de validez. Los estudios encargados por el Ministerio del Medio Ambiente se enmarcaron en el concepto de riesgo ambiental, aunque se enfocaron casi exclusivamente en la contaminación ya existente, particularmente del aire y el suelo, y no prestaron atención a la amenaza de las actividades que se realizan día a día en el complejo industrial, como la descarga de materiales peligrosos que incluyen al petróleo crudo.
En muchos sentidos la Bahía de Quintero es una bomba de tiempo, acumulando actividades y pasivos ambientales que representan para los habitantes de la bahía no tan sólo una amenaza, sino que en muchos casos la realidad hecha carne del sufrimiento ambiental. Si bien los habitantes de la bahía están lejos de ser actores pasivos y han demostrado por décadas su capacidad para hacer frente a la expansión industrial, la escala de los daños, la envergadura de los actores industriales junto a la persistente indiferencia del resto del país, configuran un escenario donde abunda la desesperanza.
El derrame de petróleo en la bahía de Quintero vuelve a iniciar el espiral de una crisis que ya es crónica, la historia parece repetirse nuevamente superando ya a estas alturas el sentido trágico y volviéndose una broma cruel. Hoy cuando se establecen nuevas mesas de trabajo, comisiones especiales en el Congreso y sentidas declaraciones de autoridades que no han sabido estar a la altura[ii], es necesario tener en cuenta que el problema de la bahía de Quintero no se reduce a un barco defectuoso o una chimenea que requiere mantención. El problema tiene más bien que ver con la dignidad con los cual creemos que deben ser tratados todas quienes habitan el país, particularmente desde el estado. Es impresentable que durante cincuenta años se haya dejado en segundo plano el bienestar de los habitantes de la bahía de Quintero, privilegiando ganancias políticas menores, grandes intereses industriales y/u obsesiones ideológicas banales. El problema de la bahía de Quintero no se solucionará con más maquillaje y requiere prontamente una respuesta seria y definitiva que dé algo de esperanza a una comunidad que vive atrapada en la incertidumbre.
Fuente: Verdeseo
Por: Leonardo Valenzuela, Sociólogo, estudiante de doctorado en Geografía Humana
Notas:
[i] Esto probablemente responde al muy extendido sistema de banderas de conveniencia, mediante el cual los operadores de marina mercante evitan cumplir las regulaciones técnicas y obligaciones tributarias de sus países de origen. Las banderas más populares bajo este sistemas son las de Panamá, Liberia y las Islas Marshall. [ii] Cabe mencionar las vacaciones de la Seremi de Medio Ambiente de la Quinta Región, Tania Bertoglio, en medio de esta crisis.